La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, voló de su refugio patagónico del Calafate a Buenos Aires, donde la citó el juez federal, Claudio Bonadío, para que continúe dando explicaciones sobre el caso del "dólar a futuro"

Fernández, con la tropa de su partido, el Frente para la Victoria en dispersión y el justicialismo (peronismo) tratando de darle esquinazo, realizó unas declaraciones a uno de los escasos programas de televisión que continúan ejerciendo lo que en Argentina se llama «periodismo militante».

En conversación telefónica con C5N la viuda de Kirchner opinó sobre José López, el ex secretario de Estado atrapado cuando trataba de ocultar en un monasterio nueve millones de dólares, un fusil automático y relojes de alta gama. «Fue como una trompada (puñetazo) en el estómago. Repudio y rechazo, no alcanza para definir lo que sentí por ese hecho», dijo sin recordar que López fue, durante más de 20 años, el hombre de confianza de los gobiernos provinciales y nacionales de su difunto esposo y de ella misma hasta el último día.

Acorralada por la Justicia y con arrepentidos que insisten en señalar que su primera campaña, la de 2007, fue financiada por el Gobierno de Hugo Chávez, Cristina Fernández trató de restarle importancia a la cita con el juez que no pudo amedrentar cuando el poder ella era. «Vine por una notificación de Claudio Bonadío que apelamos. Vine también a visitar a mi hija (Florencia) y vine a juntarme con dirigentes y compañeros. Quería venir a ver y tener una impresión social de primera mano». Dicho de otro modo, vino a tratar que el efecto estampida de los suyos se detenga e intentar cosechar algo de apoyo. Lo que, en rigor, únicamente encuentra en las filas de La Cámpora, la organización política que todavía responde a su hijo Máximo.

Detrás del aplazamiento de la cita que solicitó al juez y que éste le denegó (deberá comparecer este miércoles) hay razones personales ya que podría coincidir en los Tribunales de Comodoro con varios personajes que están en condiciones de delatarla y otros que, directamente, vinculan su gestión con el narcotráfico y un plan sistemático de adjudicación de obras públicas con sobornos.

Lo más seguro es que se dé de bruces con Lázaro Báez, el empresario y presunto testaferro de su marido (él lo niega) hoy preso por lavado de capitales y, aparentemente, abandonado a su suerte por la viuda. Báez, constructor del mausoleo donde reposan los restos de Kirchner, fue el empresario más beneficiado con obra pública de sus gobiernos. En ellas, según las auditorías de la actual gestión, se detectó «una media de sobreprecios del 50 por ciento», aunque llegaron «hasta a 70 por cien», según Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional. Sus declaraciones sirvieron como respuesta a las de la expresidenta que el domingo por la noche manifestó: «Decir alegremente que hay sobreprecios en obra pública es disparatado. Nunca he visto eso en el mundo, estamos hablando de un plan de miles de millones de dólares».

Cristina Fernández también podría tener otro encuentro incómodo en Tribunales si llegara a cruzarse con Ibar (se escribe así) Pérez Corradi, involucrado en el asesinato de tres empresarios farmacéuticos que traficaban efedrina con el cartel de Sinaloa («el Chapo» Guzmán) y aportaron dinero a su primera campaña electoral. «Ninguno de los cheques entregados tenía fondos. Eran para justificar la plata que había aportado Chávez vía Antonini Wilson», declaró Pérez Corradi, oculto en Paraguay los últimos años donde, para evitar ser identificado, llegó a quemarse las huellas digitales de ambas manos.